El apoyo de CECRV a las movilizaciones de los agricultores en España
La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), entidad encargada de representar a las denominaciones de origen de vino a nivel nacional, ha emitido una declaración pública en la que hace constar su comprensión y apoyo a la mayoría de las reivindicaciones de los agricultores españoles, en especial a las de los viticultores. Según la CECRV, las protestas que han tenido lugar en las últimas semanas son legítimas, siempre que se produzcan desde el respeto a la legalidad.
Las reivindicaciones del sector agrario
La CECRV considera imprescindible que las demandas de los agricultores y viticultores españoles obtengan respuestas y compromisos firmes por parte de las diferentes Administraciones, tanto a nivel de Comunidades Autónomas, como del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comisión Europea.
En concreto, la CECRV considera razonable y exigible que los productores agrarios no vendan a pérdidas, que sus productos puedan competir en iguales condiciones con productos de terceros países, que se establezcan las bases para asegurar el relevo generacional y el futuro de su actividad.
Entre las diversas demandas que la CECRV apoya, destacan:
1. Mejorar la aplicación de la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, con el objetivo de que ningún eslabón de la cadena venda por debajo de su coste de producción.
2. Igualdad de condiciones con los productos agroalimentarios importados producidos en terceros países, para garantizar una competencia justa.
3. Apostar por políticas que promuevan el relevo generacional en el campo e incrementen su atractivo para los jóvenes.
4. Proporcionar más flexibilidad, formación y ayudas para implementar medidas relevantes de la Política Agraria Común y de las políticas de protección del medio ambiente puestas en marcha por la UE.
5. Racionalizar la carga administrativa y burocrática.
Para lograr estos objetivos, la CECRV insta a las administraciones públicas a redoblar esfuerzos e incorporar a los agricultores en la elaboración de las políticas públicas que les afectan. Además, reivindica que la agricultura sea una política de Estado, considerando que es una actividad esencial y estratégica para la sociedad.